Las agresiones a profesores y sanitarios serán castigadas con penas de hasta cuatro años de prisión.
El agredir a estos profesionales cuando desempeñan sus tareas profesionales, será considerado como «atentado a la autoridad», lo que conlleva una pena de prisión de hasta cuatro años.
Se suman así a otros funcionarios considerados autoridad pública, como jueces y policía. Una enmienda al artículo 550 del C.P. indica cuando se produce un atentado contra funcionarios públicos.
